Más aún, ahora sabemos que "Fomento eligirá a dedo a un nuevo cargo de la Comisión de Investigación de accidentes", como informa El Mundo. ¿Qué credibilidad se le puede suponer a esa Comisión, que va a contar con un "coordinador de prevención y estudios de accidentes elegido a dedo por el departamento que dirige Magdalena Álvarez"? Es decir, con un coordinador nombrado por la misma ministra que hace declaraciones contra la línea aérea, y realiza filtraciones de informes confidenciales por medio de su director de comunicación. Ninguna. Cero Zapatero.
La misma confianza que tenemos en que el CGPJ expulse al juez Garzón de la Audiencia Nacional por comisión de falta muy grave al haber dejado en libertad a dos narcotraficantes turcos. Ninguna. Cero Zapatero.
¿Qué confianza debemos tener en que algún día se lleguen a respetar los derechos de los españoles que viven en Cataluña, a utilizar el castellano sin restricción alguna, incluidos, por supuesto, los organismos oficiales y la educación? Hoy sabemos que la Generalitat invierte en su inmersión lingüística inconstitucional más dinero que el Instituto Cervantes en promocionar el castellano en todo el mundo: "el Ejecutivo de José Montilla gastó en 2007 un total de 157 millones de euros en el fomento del uso de esta lengua, mientras que el Instituto Cervantes sólo dispuso de 81 millones para trabajar en todo el mundo promocionando el castellano. De hecho, más de 20 millones del erario público de los catalanes fue a parar a la subvención a medios de comunicación dentro de su campaña para la inmersión lingüística", como informa Libertad Digital. Repasemos lo que dice la Constitución:
Artículo 3
1. El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla.
Artículo 27
3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Artículo 139
1. Todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio del Estado.
2. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español.
¡Aún hay más! Hoy dos de octubre, casualmente un día despues de la comparecencia de ZP en el Congreso para responder sobre este tema (seguro que el pobre, no sabía nada...), se ha sabido que "El mercado laboral español continúa su particular declive mes a mes. La tasa de paro subió en septiembre en 95.367 personas. Un 3,7% más respecto a agosto y sitúa la cifra total en 2.625.368 desempleados. En términos interanuales, el paro sube un 30,1%. Es decir, 608.005 parados más en los últimos 12 meses. Mientras, la afiliación media a la Seguridad Social cayó en 117.197 ocupados en relación con agosto. En los últimos doce meses la tasa de variación interanual se desploma un 1,4%, lo que implica 270.000 afiliados menos durante los últimos 12 meses".
Y mientras tanto, ¿qué hace el Gobierno? Condecorar a Bermúdez, por su gran servicio público en el juicio del 11-M. Desastre del que seguimos sin conocer sus autores, ni materiales ni intelectuales, y ni siquiera conocemos qué explosivo se utilizó.
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