Asco

En las últimas semanas nos está cayendo encima una avalancha de estupideces que, francamente, me sobrepasa. Intentar simplemente dejar constancia de todas ellas, ya sería una tarea que me llevaría más tiempo del que puedo dedicar a este blog, que a diferencia de las numerosas columnas, colaboraciones y blogs elaborados por agitadores a sueldo, sólo se mantiene con el tiempo que saco de donde no lo hay.

No damos abasto. El Tribunal Supremo no deja que, en conciencia, decenas de miles de padres objeten a que sus hijos cursen una asignatura que no respeta su derecho constitucional a educar a sus hijos. No había inconveniente en que cientos de miles de jetas "de conciencia" objetaran a cumplir el servicio militar obligatorio que marcaba la Constitución ("todos los españoles tienen el derecho y el deber de defender a España....) y la Ley, cuando todo el mundo sabía que la única objeción que su conciencia les planteaba era que el servicio militar iba en contra de su comodidad personal. Esa objeción causaba un perjuicio para la defensa de España, y se permitía; esta objeción a la asignatura adoctrinadora sólo podría perjudicar a quien no cursara esta excelsa asignatura estalinista, y sin embargo, se prohíbe. No esperabamos menos de este nuevo Tribunal Supremo...

ZP y compañía, siguen con el circo. Quieren vendernos la burra de que con 8.000 millones de euros de nuestro dinero que van a regalar a los ayuntamientos, se va a poner en marcha una reactivación enorme de la economía, y todo arreglado. Nada más lejos de la realidad. Los ayuntamientos deben a las empresas, en su mayoría pequeñas empresas y autónomos como el que amenazó hace unos días con quemarse a lo bonzo si no le pagaba el ayuntamiento lo que le debía, la friolera de 31.000 millones de euros. Los reinos de taifas conocidos como comunidades autónomas tienen una deuda de 76.000 millones de euros. Entre los proyectos que van a acometer los ayuntamientos los hay tan pintorescos como equipaciones deportivas y de recreo, arreglos de cementerios, etc. Ninguna inversión productiva, como era de esperar de este derroche de dinero de los contribuyentes. Por otra parte, estas instituciones locales se pasan la ley por el arco del triunfo, y pagan (cuando lo hacen...), con un plazo de 90 días o más, mientras la ley marca un máximo de dos meses. Claro se entiende que el Supremo no vea aquí razón alguna para meter su nariz y ver si hay algún problema de conciencia en que los caciques locales endeuden a sus ciudadanos con obras inútiles, hayan especulado con planes inmobiliarios que atentaban contra el medio ambiente, la salud y el patrimonio de los ciudadanos que, estúpidamente, les votaron. Ningún fiscal investiga. Ningún juez dice nada.

Curiosamente también, ahora toda la matraca mediática de los nuevos amiguitos de Judas Rajoy, la SER, el País, Cuatro, CNN+, Público,... En fin, los sitios donde va de rodillas a pedir una entrevista, llevan unos días dedicados "full time" a machacar al PP, especialmente al PP de Madrid, el de Aguirre, con presuntos casos de espionaje en los que no se sabe quién ha espiado ni para qué, y ahora con una presunta trama de corrupción local. Es para partirse de risa. ¿Sólo son estos cuatro gatos los que despilfarran el dinero de los ayuntamientos dando concesiones a amiguetes? ¿Nadie conoce ningún caso de adjudicación a dedo de obras, festivales, conciertos, conferencias, estudios sobre la lenteja salvaje, viajes al Caribe, construcción de ayuntamientos faraónicos, creación desde la nada, en medio del campo, de auténticas ciudades de miles de viviendas, carreteras que se construyen sin arcenes y que cuestan el doble de lo que se presupuestó, y que miden dos kilómetros para recorrer un tramo que en línea recta son mil metros? La lista sería interminable. El derroche, la desvergüenza y la corrupción de estos caciquillos locales, de todos los partidos, asombrosos. El silencio de la llamada "administración de justicia", ensordecedor.

Ahora los jueces quieren hacer huelga. Razones, hay de sobra para protestar. Bermejo les ha ofrecido 20 miserables millones de euros, mientras el desgobierno se gasta 60 millones en carteles anunciadores de sus obras y 75 millones en subvencionar a sus titiriteros a sueldo. Los veinte miserables millones que Bermejo ofrece para la administración de Justicia son muchos menos de los necesarios, pero me temo que son mucho más de lo que estos jueces que padecemos se merecen.